María Mónica Martínez, investigada por la Procuraduría por presuntas irregularidades en contratos del ICBF, ahora integra la UTL de Ballesteros
El organismo de control hizo pública la apertura de la investigación disciplinaria el 25 de octubre de 2026. Martínez también estuvo encargada de la Regional Córdoba del ICBF durante 2024, año al que corresponde el proceso contractual bajo investigación.
La Procuraduría General de la Nación publicó el 25 de octubre de 2026, en su página oficial, un comunicado en el que informó sobre la apertura de una investigación disciplinaria por posibles irregularidades en un proceso contractual del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), relacionado con la prestación de servicios de educación inicial para la atención integral a la primera infancia durante 2024.
La información, divulgada dos días antes de esta publicación de Hablando Claro, señala que el proceso disciplinario cobija a Adriana Velásquez Lasprilla, exsubdirectora general del ICBF, y a María Mónica Martínez Martínez, exdirectora de Primera Infancia.
De acuerdo con el organismo de control, la investigación busca establecer si se presentaron anomalías en las etapas de planeación, estructuración y ejecución del proceso contractual, así como posibles situaciones que hubieran comprometido el cumplimiento de las obligaciones o la adecuada supervisión del contrato.
Pero hay otro antecedente que merece atención en Córdoba. Durante 2024, María Mónica Martínez Martínez también estuvo encargada de la Regional Córdoba del ICBF, según la información recopilada para este seguimiento periodístico. Actualmente, de acuerdo con la información disponible, integra la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara Luis Fernando Ballesteros, como asesora grado 3.
Esta coincidencia de periodos plantea preguntas que deben responderse con documentos: ¿qué asociaciones contrataron con el ICBF Regional Córdoba durante el tiempo en que Martínez estuvo encargada? ¿Cuáles fueron los valores, los objetos y los plazos de esos contratos? ¿Se presentaron observaciones, denuncias o hallazgos sobre su ejecución?
La revisión de los expedientes contractuales permitiría establecer qué organizaciones recibieron recursos, qué servicios debían prestar y si existen actuaciones de los organismos de control relacionadas específicamente con esos contratos.
Es importante precisar que la investigación anunciada por la Procuraduría se refiere a un proceso contractual de atención a la primera infancia y no demuestra, por sí sola, que se hayan cometido irregularidades durante el encargo de Martínez en Córdoba. La apertura de una investigación disciplinaria tampoco equivale a una declaración de responsabilidad.
Hablando Claro buscará establecer, a partir de documentos oficiales, cómo se desarrolló la contratación del ICBF en Córdoba durante 2024 y qué información deben entregar las entidades competentes sobre ese periodo.
La pregunta sigue abierta: ¿qué muestran los contratos y sus expedientes de ejecución durante la etapa en que María Mónica Martínez estuvo al frente de la Regional Córdoba?