Presupuesto de 2027 en jaque: un error en el Congreso desató una crisis jurídica y obliga al Gobierno a buscar una salida
El Senado y la Cámara de Representantes habrían aprobado versiones diferentes del artículo 65 del Presupuesto General de la Nación. La falta de conciliación antes del vencimiento del plazo constitucional abrió un debate sobre la validez del trámite y el futuro de los recursos adicionales previstos para distintos sectores.
El Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, quedó envuelto en una controversia jurídica luego de que se detectara una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes durante las sesiones que terminaron en la madrugada del martes 20 de octubre.
El problema se originó en el artículo 65 del proyecto. Mientras el Senado lo aprobó sin una proposición adicional, la Cámara habría incorporado una modificación que no había sido aprobada por la otra corporación. La diferencia no fue corregida mediante una conciliación antes de que venciera el plazo constitucional para aprobar el presupuesto.
La situación puso en entredicho el resultado de varias jornadas de debate y abrió interrogantes sobre la responsabilidad de quienes debían verificar que los textos votados por ambas cámaras fueran idénticos.
¿Dónde estuvo el error?
Según la información publicada por Semana y Caracol Radio, la controversia surgió por una proposición relacionada con el artículo 65, que aborda operaciones de cobertura destinadas a mitigar riesgos fiscales derivados de las fluctuaciones del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio.
La proposición habría sido retirada durante el trámite en el Senado, pero terminó incorporada en el texto aprobado por la Cámara. Como consecuencia, las dos corporaciones habrían votado versiones distintas de un mismo artículo.
La Secretaría General del Senado confirmó que en esa corporación el artículo 65 fue aprobado sin proposiciones adicionales. La Cámara, por su parte, había anunciado inicialmente que no era necesaria una conciliación porque consideraba que los textos aprobados eran idénticos.
Esa diferencia entre lo anunciado y lo que posteriormente se encontró en los registros de las votaciones convirtió un asunto de procedimiento legislativo en un problema de alcance nacional.
Cuando el Senado y la Cámara aprueban textos diferentes, la regla general exige conformar una comisión de conciliación, unificar las versiones y someter el texto conciliado a aprobación de ambas plenarias. El inconveniente es que el plazo constitucional para completar el trámite ya había vencido.
¿Se cayó todo el presupuesto?
La consecuencia jurídica todavía debe analizarse con cuidado. Diversos reportes periodísticos señalaron que el proyecto podría considerarse hundido por el vicio de procedimiento, mientras otros sectores sostienen que el error no necesariamente invalida todo el trámite desde el primer debate.
La diferencia es importante: no se trata únicamente de determinar si hubo un error en un artículo, sino de establecer qué efecto tiene ese error sobre la aprobación de toda la ley.
El Gobierno y los equipos jurídicos deberán determinar cuál es la salida que se ajusta a la Constitución y a las normas que regulan el procedimiento legislativo. No sería correcto dar por resuelta la controversia sin conocer la decisión jurídica definitiva.
¿Qué puede hacer ahora el Gobierno?
Una de las alternativas que se ha planteado es aplicar el mecanismo previsto en el artículo 348 de la Constitución Política, que contempla la expedición del presupuesto por el Gobierno cuando el Congreso no lo expide dentro de los términos constitucionales.
En ese escenario, el Ejecutivo tendría que determinar cuál es el texto que jurídicamente corresponde utilizar como base para el decreto presupuestal. Entre las posiciones expuestas públicamente está la posibilidad de acudir al proyecto aprobado en primer debate por las comisiones económicas.
Sin embargo, esa salida podría dejar por fuera algunas modificaciones incorporadas durante las plenarias. Por eso, la discusión no se limita al monto total del presupuesto, sino también a la distribución de los recursos y a las adiciones aprobadas durante el trámite.
Otra alternativa planteada consiste en presentar posteriormente un nuevo proyecto de ley para modificar o adicionar el presupuesto. Esa opción requeriría volver al Congreso y conseguir las mayorías necesarias para aprobar las disposiciones correspondientes.
La posibilidad concreta de utilizar cualquiera de estas vías dependerá de la interpretación jurídica del caso y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Los recursos que podrían quedar comprometidos
Uno de los puntos más sensibles es el efecto que tendría la eventual aplicación del presupuesto sin las modificaciones aprobadas durante las plenarias.
Según el balance publicado por Semana, entre las partidas adicionales que podrían quedar comprometidas figuran $3 billones para salud, $100.000 millones para educación, $100.000 millones para el Invías y $100.000 millones para la Rama Judicial, además de recursos para otras entidades y sectores.
Estas cifras corresponden a las adiciones cuya permanencia dependería de la solución jurídica que se adopte. No significan que todos esos recursos hayan sido definitivamente eliminados ni que las entidades hayan perdido ya su financiación.
El Ministerio de Hacienda deberá aclarar cuáles apropiaciones quedarían incorporadas en el presupuesto que finalmente se expida y qué alternativas existen para tramitar los recursos que no puedan incluirse en ese instrumento.
¿Quién debe responder por lo ocurrido?
La controversia también plantea preguntas sobre la responsabilidad institucional de los funcionarios encargados de preparar, revisar y verificar los textos sometidos a votación.
Es necesario establecer cómo se incorporó la proposición, qué documentos utilizaron los equipos técnicos, por qué no se detectó la diferencia antes de cerrar el trámite y si existieron fallas en la coordinación entre el Ministerio de Hacienda y las secretarías de las cámaras.
Estas preguntas requieren respuestas documentadas. La existencia de una irregularidad procedimental no permite atribuir automáticamente responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal a una persona determinada. Cualquier responsabilidad individual deberá establecerse a partir de los hechos y de las competencias de las autoridades correspondientes.
Un error que exige explicaciones y una salida institucional
Lo ocurrido deja una lección sobre la importancia de la rigurosidad en el trámite de las leyes. La aprobación de un presupuesto nacional compromete recursos públicos, define prioridades de gasto y afecta la financiación de obligaciones estatales. Por ello, la verificación de los textos no puede convertirse en un trámite secundario, especialmente cuando el Congreso trabaja contra el límite del plazo constitucional.
Ahora corresponde al Gobierno y a las instancias jurídicas competentes aclarar qué instrumento presupuestal puede aplicarse, cómo se protegerá la continuidad de las obligaciones del Estado y qué mecanismo permitiría tramitar nuevamente las modificaciones que eventualmente queden por fuera.
También será necesario determinar si hubo fallas administrativas y qué medidas se adoptarán para evitar que una diferencia entre documentos termine poniendo en riesgo decisiones de semejante alcance.
La discusión de fondo ya no es solamente quién cometió el error. Es cómo resolver la incertidumbre jurídica sin desconocer la Constitución, garantizar el funcionamiento del Estado y ofrecer claridad sobre el destino de los recursos públicos.
El país necesita una explicación verificable de lo ocurrido, una solución ajustada a la ley y claridad sobre el presupuesto que regirá en 2027.
Fuentes: Semana, Caracol Radio y La Silla Vacía.