Se les cayó el anonimato a «Filtrados Montería»: denuncian que identificaron a presuntos administradores
Personas que aseguran haber sido afectadas por la difusión de fotografías íntimas sin consentimiento afirman tener información sobre quienes estarían detrás de estos grupos de Telegram. Una fuente sostiene que uno de los participantes iniciales estaría revelando detalles sobre su funcionamiento y denuncia que el acceso a espacios privados sería mediante pago.
Lo que durante un tiempo se movió bajo el anonimato en Telegram podría estar entrando en una nueva etapa. Personas que aseguran conocer el funcionamiento de «Filtrados Montería» estarían reuniendo información para identificar a quienes presuntamente administraban estos espacios, señalados de compartir fotografías íntimas de mujeres sin su autorización.
De acuerdo con información entregada a Hablando Claro, el grupo habría comenzado con acceso abierto al público. Sin embargo, después de las inconformidades y denuncias de personas que afirmaban haber sido perjudicadas, sus administradores presuntamente habrían trasladado parte de la actividad a grupos privados en los que se cobraría por ingresar.
La denuncia va más allá de la circulación de imágenes: apunta a la posible existencia de un negocio alrededor de material íntimo compartido sin autorización. Si se confirma, las autoridades tendrán que establecer quiénes obtenían las fotografías, quiénes las distribuían, cómo funcionaban los cobros y quiénes recibían el dinero.
Una fuente aseguró a este medio que una persona que habría participado en la etapa inicial de la administración estaría entregando información para esclarecer el funcionamiento de estos espacios. Según su versión, esa persona ya no pertenecería al grupo. Su relato y los datos sobre los presuntos administradores deben ser contrastados antes de atribuir responsabilidades individuales.
«Lo tienen de negocio»: la denuncia de una persona afectada
Entre el material recibido por Hablando Claro se encuentra una publicación en la que una persona cuestiona la creación de grupos para compartir fotografías íntimas sin consentimiento y denuncia que algunos cobrarían por acceder al contenido.
«Esto no es un tema nuevo, hay gente creando grupos para compartir fotos íntimas de personas sin su consentimiento, para remate comprando, o sea, lo tienen de negocio», señala el mensaje.
En esa misma publicación se advierte que quienes participen en esos espacios podrían quedar expuestos públicamente. Sin embargo, la identificación de los responsables debe hacerse mediante pruebas verificables y ante las autoridades competentes, no a través de señalamientos que puedan terminar afectando a personas equivocadas.
La prioridad debe ser establecer quiénes participaron realmente en la difusión del material, preservar las evidencias y proteger a las mujeres cuya intimidad habría sido vulnerada.
Una conversación y capturas que deberán ser verificadas
Entre los archivos entregados a este medio hay capturas de una conversación entre una persona identificada como «Luis Eduardo» y una mujer. En el intercambio, ella afirma tener pruebas y le advierte que su rostro podría terminar circulando en distintos medios. También aparecen referencias a personas a las que califica de «enfermos de MTR».
Hablando Claro conservará este material como parte de la documentación recibida. No obstante, las capturas, por sí solas, no permiten establecer de manera concluyente quién administra «Filtrados Montería», quién publicó las imágenes o quién habría cobrado por distribuirlas.
Para llegar a esas conclusiones es necesario verificar la autenticidad de la conversación, su contexto y la relación de las personas mencionadas con los grupos señalados. Este medio no publicará datos privados ni presentará como culpable a alguien cuya participación no haya sido demostrada.
La intimidad de las mujeres no puede convertirse en mercancía
La difusión de fotografías íntimas sin autorización puede vulnerar los derechos a la intimidad, a la propia imagen y al buen nombre. En la Sentencia T-184 de 2026, la Corte Constitucional examinó un caso de divulgación no consentida de contenido íntimo en plataformas digitales y reiteró la importancia de proteger a las víctimas frente a estas formas de violencia digital. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2026/T-184-26.htm
Que una persona se haya tomado una fotografía o la haya compartido en privado no significa que haya autorizado su publicación masiva, su distribución en grupos de Telegram o su comercialización. El consentimiento para compartir una imagen con alguien no equivale a un permiso ilimitado para difundirla.
Por eso, las mujeres afectadas no deben cargar con la vergüenza ni ser sometidas a nuevos señalamientos. La responsabilidad de esclarecer los hechos corresponde a las autoridades, que deberán establecer las circunstancias de cada caso y determinar si hubo conductas sancionables.
El llamado es a denunciar y preservar las pruebas
Hablando Claro hace un llamado a las personas que consideren haber sido víctimas para que acudan a las autoridades y aporten la información que tengan disponible. La Fiscalía General de la Nación cuenta con canales presenciales, telefónicos y virtuales para recibir denuncias. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/
Es importante conservar las conversaciones originales, enlaces, nombres de usuario, fechas y comprobantes de posibles cobros, sin reenviar ni publicar las imágenes íntimas. También se recomienda mantener copias seguras de las evidencias y evitar confrontaciones que puedan poner en riesgo a las víctimas.
Este medio mantendrá bajo resguardo las capturas recibidas y evaluará la entrega del material pertinente a las autoridades, protegiendo la identidad y la intimidad de las personas afectadas.
La pregunta que ahora debe resolverse es quiénes están detrás de estos espacios, cómo obtuvieron las fotografías y si efectivamente existía un sistema de cobro por acceder a ellas. Que se caiga el anonimato no significa que la responsabilidad esté demostrada: significa que los señalamientos deben investigarse y que las víctimas merecen respuestas.