ICBF EN TIERRALTA: DENUNCIAS PONEN BAJO LA LUPA PRESUNTOS FAVORECIMIENTOS EN LA CONTRATACIÓN
Una serie de denuncias recibidas por Hablando Claro pone nuevamente bajo la lupa la contratación del ICBF en el Centro Zonal Tierralta, con cobertura en Valencia.
Los señalamientos apuntan a una posible concentración de contratos en determinadas asociaciones y personas, y plantean una pregunta de fondo: ¿se trata simplemente de procesos legales de selección o podría existir algún tipo de favorecimiento o influencia detrás de algunas contrataciones?
Por ahora, son denuncias que deben ser verificadas. Pero algunos elementos documentales hacen que las preguntas no puedan ser ignoradas.
Uno de los nombres mencionados es el de Rosmery Pacheco Galindo, relacionada por los denunciantes con la Asociación de Padres de Familia HCB El Recreo y Otros. Documentos oficiales del ICBF registran a Rosmery Isabel Pacheco Galindo como responsable principal de “Recreo y Otros” en procesos de atención de primera infancia en Tierralta y Valencia.
Y aquí comienza la investigación:
¿Cuántos contratos tiene actualmente esta asociación con el ICBF? ¿Por qué valores? ¿Cómo fueron adjudicados? ¿Cuántas organizaciones compitieron?
Pero hay una pregunta todavía más delicada.
En las denuncias aparece el nombre del representante a la Cámara por Córdoba Luis Fernando Ballesteros, actualmente congresista del Pacto Histórico para el periodo 2026-2030.
Ballesteros ya había sido cuestionado públicamente por su relación con asuntos del ICBF. En una declaración publicada por La Razón, defendió la participación contractual de asociaciones de madres comunitarias y respondió a quienes hablaban de posibles influencias diciendo que, si existían pruebas de corrupción, debían denunciarse. También reconoció que su madre pertenece a una asociación que ha contratado con el Estado.
Ahora, con nuevas denuncias sobre la mesa, la pregunta vuelve a cobrar fuerza:
¿Existe alguna relación entre dirigentes políticos, familiares, asociaciones y los contratos que terminan siendo seleccionados por el ICBF en Córdoba?
¿Ha intervenido Ballesteros, antes o después de llegar al Congreso, ante funcionarios del ICBF por procesos de contratación?
¿Existen personas de su entorno familiar o político vinculadas a operadores que actualmente reciben contratos?
Y, sobre todo:
¿Puede demostrarse que cada contratación fue producto de un proceso transparente, competitivo y sin ningún tipo de favorecimiento?
¿CONTRATOS COMPROMETIDOS HASTA 2027?
Otro de los señalamientos habla de posibles contratos o compromisos que llegarían hasta 2027.
Esto no debería ser difícil de comprobar.
¿Qué procesos aparecen en SECOP II? ¿Qué asociaciones figuran? ¿Cuánto dinero está comprometido? ¿Quiénes son sus representantes legales y qué criterios utilizó el ICBF para seleccionarlas?
Además, en marzo de 2026 el propio ICBF respondió a una denuncia anónima relacionada con la operación de CDI de la Asociación Recreo en Valencia. La entidad informó que realizó una visita de inspección y encontró espacios “susceptibles de mejora”, tras lo cual la asociación adelantó acciones correctivas.
Ese documento no demuestra corrupción ni favorecimientos, pero sí confirma que ya existen antecedentes recientes de denuncias y actuaciones de seguimiento alrededor de la operación de estos servicios en la zona.
Por eso, más que lanzar acusaciones, toca mirar los documentos.
¿Quién contrata? ¿Quién gana? ¿Cuánto gana? ¿Quiénes están detrás de cada asociación? ¿Y existe algún vínculo político o familiar que deba ser explicado?
Las respuestas están en los contratos, los estudios previos, SECOP II y los archivos del ICBF.
Hablando Claro deja las preguntas sobre la mesa. Si todo está en regla, los documentos deberían despejar las dudas. Y si existe algún presunto favorecimiento o uso indebido de influencias, serán las pruebas las que tendrán que demostrarlo.