Policías a cuatro metros de los manifestantes: el nuevo borrador que cambia las reglas de la protesta en Colombia
Un nuevo borrador de decreto del Gobierno Nacional abrió el debate sobre cómo deberán actuar las autoridades durante las manifestaciones públicas en Colombia.
El documento, elaborado por el Ministerio del Interior, propone modificar el protocolo vigente sobre protesta social y establece nuevas reglas para el diálogo, la mediación, el acompañamiento policial y el uso de la fuerza. Por ahora, se trata de un proyecto y no de una norma definitiva. El Ministerio mantiene abierto el proceso para recibir observaciones hasta el 4 de octubre.
Uno de los puntos que más atención ha generado establece que la Policía Nacional tendrá un dispositivo de acompañamiento durante las manifestaciones y que este deberá ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros de los participantes. Según el proyecto, el objetivo es garantizar el ejercicio pacífico de la protesta y proteger tanto a los manifestantes como a las personas que no participan en ella.
La Policía podría intervenir mientras continúa el diálogo
Otro de los cambios centrales está relacionado con el momento en que puede intervenir la Fuerza Pública.
El borrador establece que el diálogo y la mediación seguirán siendo la primera etapa para atender las manifestaciones, pero aclara que, cuando se presenten determinados actos de violencia, las actuaciones dirigidas contra quienes los ejecuten no necesariamente tendrán que esperar a que finalicen los procesos de diálogo.
Entre las situaciones contempladas están el porte o utilización de armas de fuego, explosivos o artefactos incendiarios; la retención de personas contra su voluntad; agresiones contra terceros, servidores públicos, policías, personal médico o periodistas; y la destrucción de infraestructura pública o privada.
El texto señala que, en estos casos, la intervención debe ser individualizada y focalizada contra quienes ejecuten los actos violentos y no contra la manifestación en su conjunto. Quienes protesten pacíficamente conservarían las garantías previstas en el protocolo.
¿Qué pasa con el diálogo?
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles del proyecto.
El borrador mantiene el diálogo, la interlocución y la mediación como primera etapa, pero plantea circunstancias objetivas en las que esa etapa puede considerarse agotada.
Entre ellas aparecen situaciones como impedir el paso de ambulancias y organismos de socorro, afectar servicios hospitalarios, generar desabastecimiento de alimentos, agua, combustible o medicamentos, utilizar armas o explosivos, destruir infraestructura, retener personas contra su voluntad o agredir a servidores públicos, policías, personal médico o periodistas.
Una vez verificada alguna de esas circunstancias, la decisión sobre la respuesta institucional deberá quedar documentada en el Puesto de Mando Unificado y comunicada al Ministerio Público. El proyecto también establece que el agotamiento del diálogo no autoriza un uso generalizado o indiscriminado de la fuerza.
¿Y las universidades?
El debate también alcanza a las universidades públicas, especialmente por la discusión sobre la autonomía universitaria y la actuación de las autoridades frente a hechos violentos.
El presidente Abelardo De La Espriella ha sostenido públicamente que la autonomía universitaria no puede utilizarse como protección frente a actos violentos o terroristas, mientras que el Gobierno afirma que la protesta pacífica continuará siendo protegida.
El borrador, sin embargo, debe analizarse en su texto completo y dentro de las reglas que plantea para diferenciar entre quienes participan pacíficamente en una manifestación y quienes cometen actos de violencia.
Un debate que apenas comienza
La discusión no está cerrada.
El propio Ministerio del Interior presentó el documento como un proyecto destinado a actualizar las reglas de actuación estatal frente a las manifestaciones y abrió un periodo para recibir comentarios de la ciudadanía.
El punto de fondo será determinar cómo se garantiza simultáneamente el derecho a la protesta pacífica, la protección de terceros y la capacidad de las autoridades para responder frente a hechos violentos.
Por ahora, hay dos elementos que ya están sobre la mesa: la presencia policial a una distancia mínima de cuatro metros de los manifestantes y la posibilidad de realizar intervenciones focalizadas contra quienes cometan actos violentos incluso mientras continúan los canales de diálogo.
El texto todavía puede recibir observaciones y modificaciones antes de convertirse, eventualmente, en una norma definitiva.