Investigar a un candidato no es atacarlo

Si un aspirante a un cargo de elección popular considera que una publicación es falsa, tiene las herramientas legales para controvertirla. Deslegitimar al medio que investiga no responde las preguntas ni desvirtúa las evidencias.

En política parece haberse vuelto costumbre que algunos personajes, cuando empiezan a ser objeto de cuestionamientos periodísticos, recurran a una fórmula que les resulta mucho más cómoda que dar explicaciones: decir que los están atacando.

La expresión se repite una y otra vez. Se publica una investigación, se exponen hechos, se presentan documentos o se formulan preguntas sobre actuaciones, antecedentes o relaciones políticas, y la respuesta no necesariamente se concentra en desmentir la información. En cambio, el protagonista de la publicación sale a señalar que es víctima de ataques, persecuciones o campañas en su contra.

Pero hay una pregunta que estos aspirantes deberían hacerse antes de acudir a ese discurso: ¿están siendo atacados o, sencillamente, están siendo cuestionados por asuntos que interesan a la ciudadanía?

No es lo mismo.

El periodismo de investigación no existe para proteger la imagen de quienes aspiran al poder, ni para reproducir sin cuestionamientos los discursos que construyen sobre sí mismos. Su función es indagar, contrastar información, revisar documentos, encontrar contradicciones y poner sobre la mesa asuntos que la ciudadanía tiene derecho a conocer, especialmente cuando se trata de personas que buscan representarla en las instituciones públicas.

Quien aspira a gobernar, legislar o administrar recursos públicos debe entender que su trayectoria, sus decisiones, sus alianzas y sus actuaciones pueden convertirse en materia de escrutinio periodístico. No porque los medios tengan algo personal contra él, sino porque el ejercicio del poder y las aspiraciones de llegar a él tienen una dimensión pública.

La política no puede convertirse en un escenario donde los candidatos exijan reconocimiento, pero rechacen el cuestionamiento.

Tampoco es aceptable que cualquier publicación incómoda se presente automáticamente como una agresión. Si un medio de comunicación publica información que un candidato considera falsa, inexacta o perjudicial para su buen nombre, existen mecanismos legales para solicitar rectificaciones, ejercer el derecho de réplica o acudir a las autoridades competentes, según corresponda.

Ese es el camino institucional. Presentar pruebas, controvertir documentos, responder preguntas y demostrar, con argumentos verificables, por qué una información sería incorrecta.

Lo que no resuelve el debate es atacar la credibilidad del periodista, cuestionar sus intenciones sin aportar elementos que desvirtúen la publicación o intentar instalar la idea de que toda investigación responde a una persecución personal.

Decir «me están atacando» no convierte una información en falsa. Tampoco demuestra que una investigación sea cierta. La discusión debe darse sobre los hechos, las evidencias y la rigurosidad con la que fueron presentados.

Y aquí hay un asunto fundamental: los medios de comunicación también deben asumir su responsabilidad. Investigar no significa condenar anticipadamente, difundir rumores como hechos comprobados ni presentar sospechas como verdades definitivas. El rigor, la verificación, la contextualización y el respeto por la presunción de inocencia son indispensables.

Pero ese mismo rigor exige que quienes son objeto de publicaciones respondan al contenido de estas, en lugar de pretender que el cuestionamiento desaparezca porque resulta incómodo.

En Hablando Claro tenemos una convicción: ninguna persona que aspire a un cargo de elección popular puede considerarse intocable desde el punto de vista periodístico. Investigar a un personaje público, revisar su trayectoria y formular preguntas sobre asuntos de interés general no constituye, por sí mismo, un ataque personal.

La independencia periodística pierde su sentido cuando empieza a seleccionar a quién puede investigar y a quién debe dejar por fuera para evitar incomodidades. Si una figura política merece ser examinada por sus actuaciones, su cercanía con determinados sectores, sus decisiones o las controversias que rodean su trayectoria, el deber del medio es investigar con responsabilidad, sin importar su partido, sus simpatías o su capacidad de influencia.

No se trata de perseguir a nadie. Se trata de no conceder privilegios frente al escrutinio público.

Por eso, cuando un aspirante cuestiona una publicación, la discusión debe centrarse en preguntas concretas: ¿qué dato es falso?, ¿qué documento está mal interpretado?, ¿qué contexto fue omitido?, ¿qué evidencia contradice lo publicado? Esas respuestas permiten que los lectores conozcan las dos versiones y saquen sus propias conclusiones.

En cambio, cuando la reacción se limita a descalificar al medio y a repetir que existe un ataque, el asunto de fondo corre el riesgo de quedar relegado. Y eso no le sirve a la ciudadanía, que necesita información para evaluar a quienes pretenden representarla.

Los medios independientes no estamos para fabricar candidatos perfectos ni para destruir reputaciones. Estamos para investigar, preguntar y publicar información de interés público con responsabilidad.

Si los documentos y las evidencias contradicen el relato que un aspirante ha construido sobre sí mismo, la salida no puede ser exigir silencio ni pretender que el periodista se abstenga de publicar para proteger su imagen. La salida es aclarar los hechos y responder por ellos cuando corresponda.

Quienes aspiran a gobernar deben comprender que la exposición pública trae consigo responsabilidades. No basta con buscar el respaldo de los ciudadanos durante una campaña; también hay que estar dispuesto a explicar las actuaciones propias cuando surgen preguntas legítimas.

Y si consideran que se ha cometido una injusticia, que se ha afectado su buen nombre o que una publicación contiene falsedades, tienen derecho a defenderse por las vías correspondientes. Ese derecho es tan legítimo como el deber de los medios de investigar y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Lo que no podemos normalizar es que la palabra «ataque» se utilice como una cortina de humo cada vez que una investigación pone en entredicho la imagen que un personaje político quiere proyectar.

Porque cuestionar no es condenar. Investigar no es perseguir. Publicar hechos de interés público no equivale automáticamente a atacar.

Y defender la libertad de prensa tampoco significa que los periodistas estén por encima de la ley: significa que puedan ejercer su labor sin intimidaciones, presiones ni intentos de silenciar preguntas legítimas.

En Hablando Claro seguiremos haciendo periodismo con independencia, verificando la información y poniendo los asuntos de interés público a consideración de nuestros lectores. No nos corresponde decidir quién merece llegar a un cargo de elección popular, pero sí contribuir a que los ciudadanos tengan más elementos para decidir a quién le entregan su confianza.

Si la información es falsa, desmiéntala con pruebas. Si contiene errores, solicite la rectificación correspondiente. Y si considera que se vulneraron sus derechos, acuda a las autoridades competentes. Pero no pretenda convertir cada pregunta incómoda en un ataque para evitar responder lo esencial.

La democracia necesita candidatos dispuestos a dar explicaciones, ciudadanos capaces de evaluar y medios independientes que no renuncien a preguntar.

Porque cuando el periodismo deja de preguntar por miedo a incomodar al poder, quienes terminan perdiendo no son los candidatos cuestionados. Es la sociedad, que se queda sin una herramienta fundamental para conocer a quienes aspiran a gobernarla.

Y en Hablando Claro lo tenemos claro: ningún aspirante está obligado a aceptar en silencio una información que considere falsa, pero ningún medio independiente está obligado a guardar silencio para que un aspirante conserve intacta su imagen pública.