Explosivas Declaraciones de Olmedo López: Corrupción y Guerrilla en la Unidad de Gestión de Riesgo
En una impactante declaración ante la Corte Suprema, Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, reveló un complejo entramado de corrupción y financiación de la guerrilla del ELN a través de contratos estatales. López afirmó que su libreta contiene los nombres de ministros, congresistas y contratistas beneficiados con millonarios recursos obtenidos de manera ilícita.
López, visiblemente preocupado por su seguridad, manifestó que ha recibido alertas de posibles ataques por parte de células del ELN, quienes buscan la información que él posee. "El nombre que dice ese papel es el ELN, y su gran influencia en el departamento de Arauca", declaró. Afirmó que las guerrillas han buscado estos recursos para financiarse y mantener a sus combatientes, especialmente durante el proceso de paz.
En su detallada narración, López mencionó a la congresista Karen Manrique, representante por Arauca, quien supuestamente se reunió con altos funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgo en varias ocasiones entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Estas reuniones habrían sido parte de un esquema para asegurar la financiación del ELN mediante contratos estatales.
El exdirector también hizo hincapié en la presión que ha recibido desde el gobierno y otros sectores, que lo acusan de traidor. "Sé que hoy mis declaraciones en la fiscalía las toman como una traición porque fue un proyecto de 32 años", afirmó López, subrayando que su compromiso siempre fue con la transparencia y la verdad.
El proceso de paz con el ELN, que sufrió un traspié en diciembre de 2023 cuando su comandante máximo, Antonio García, condicionó la suspensión de secuestros a la financiación estatal, se destrabó en enero de 2024. Según López, esta financiación se habría garantizado a través de contratos otorgados en territorios con alta influencia guerrillera.
Estas explosivas declaraciones ponen en jaque la integridad del proceso de paz y la transparencia en la asignación de recursos estatales. La justicia tiene ahora la tarea de esclarecer estos hechos y establecer responsabilidades.