Fallo judicial por explotación laboral de manipuladoras del PAE favoreció a las trabajadoras y podría golpear las finanzas de Córdoba
Un fallo judicial puso nuevamente en el centro del debate las condiciones laborales de las mujeres que trabajaron como manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Córdoba durante administraciones anteriores.
La decisión corresponde a un proceso relacionado con la Fundación Social Construyendo Vidas y el departamento de Córdoba, durante la administración del entonces gobernador Orlando Benítez.
De acuerdo con la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2024 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Montería, se establecieron responsabilidades frente a las condiciones en las que fueron vinculadas y remuneradas las trabajadoras. El proceso posteriormente llegó a segunda instancia y, según lo señalado en la decisión judicial, la condena fue mantenida por la Sala Quinta de Decisión Civil, Familia y Laboral, en decisión del 19 de agosto de 2025.
El caso involucra a mujeres, muchas de ellas madres cabeza de hogar y de escasos recursos, que habrían trabajado durante extensas jornadas en el PAE, llegando a cumplir horarios desde las primeras horas de la madrugada hasta la tarde.
Uno de los aspectos más llamativos del proceso está relacionado con la remuneración: según lo expuesto en el caso, algunas de estas trabajadoras recibían alrededor de 300.000 pesos mensuales, sin que se les reconocieran de manera adecuada derechos laborales como seguridad social, vacaciones y cesantías.
La controversia, sin embargo, podría no terminar con este fallo.
En Córdoba existirían otros procesos y reclamaciones relacionados con las condiciones laborales de mujeres que prestaron sus servicios en el PAE durante diferentes administraciones y mediante distintas fundaciones. De confirmarse nuevas condenas, el departamento podría enfrentar obligaciones económicas importantes.
Esto abre una pregunta que hoy cobra especial relevancia: ¿cuánto dinero podría terminar pagando el departamento de Córdoba por demandas relacionadas con la contratación de manipuladoras del PAE durante los últimos años?
Mientras las decisiones judiciales avanzan, el impacto no sería únicamente jurídico. Eventuales condenas y obligaciones económicas podrían comprometer recursos públicos y afectar las finanzas del departamento en la actualidad.
El caso deja además una discusión de fondo: mujeres encargadas de preparar y entregar los alimentos de miles de niños y niñas de Córdoba terminaron recurriendo a la justicia para reclamar derechos laborales que, según las decisiones judiciales, no les fueron reconocidos.
Hablando Claro seguirá haciendo seguimiento a los procesos y a las posibles consecuencias económicas que estas decisiones judiciales puedan generar para el departamento de Córdoba.