Juez niega tutela contra periodista Mauricio Castilla y respalda la veracidad de su publicación y la libertad de prensa
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Montería negó, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Marcel Cogollo Erazo contra el periodista Mauricio Castilla Castro, mediante la cual solicitaba la eliminación y rectificación de una noticia publicada por el comunicador.
La acción judicial se originó luego de que Mauricio Castilla difundiera un video en el que se observa un altercado entre el gerente de Metrosinú, Marcel Cogollo Erazo, y el trabajador Jorge Vergara. Ese registro audiovisual, acompañado de la denuncia presentada por una persona plenamente identificada, dio origen a la publicación periodística y posteriormente a la acción de tutela.
Al estudiar el caso, el despacho judicial concluyó que la información difundida cumplía con el requisito constitucional de veracidad y que no se sustentó en rumores, especulaciones o fuentes anónimas.
En uno de los apartes del fallo, el juzgado señaló:
"En relación con el requisito de veracidad, observa el despacho que la noticia no se sustentó en rumores, especulaciones o fuentes anónimas. Por el contrario, tuvo como fundamento la denuncia efectuada por una persona plenamente identificada y un registro audiovisual de los hechos. Por ello, no puede afirmarse que la información difundida hubiese sido construida sobre hechos manifiestamente falsos o inexistentes".
Con esta decisión, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Montería negó las pretensiones del accionante en primera instancia, al considerar que la publicación del periodista Mauricio Castilla Castro estaba respaldada por elementos objetivos que sustentaban la información divulgada.
La decisión judicial también vuelve a poner sobre la mesa las reiteradas denuncias públicas realizadas por empleados y exempleados de Metrosinú, quienes en distintas oportunidades han manifestado presuntas vulneraciones a sus derechos laborales y han cuestionado el trato recibido durante la administración de Marcel Cogollo Erazo. Estas manifestaciones, hechas en diferentes escenarios, han generado preocupación y un debate permanente sobre el ambiente laboral dentro de la empresa.
Más allá del resultado jurídico, este fallo deja un mensaje que merece ser escuchado. Quien dirige una empresa tiene la responsabilidad de ejercer autoridad con respeto, prudencia y dignidad hacia sus trabajadores. Las diferencias laborales no pueden resolverse con actitudes intimidantes ni mediante comportamientos que puedan interpretarse como agresivos. El video que dio origen a esta controversia generó un amplio rechazo ciudadano porque muestra una escena que muchos consideran incompatible con el liderazgo que debe ejercer un gerente. Quienes tienen la responsabilidad de dirigir equipos humanos deben hacerlo con diálogo, respeto y ejemplo, no con acciones que puedan interpretarse como maltrato hacia sus colaboradores.
Pero este caso también deja un interrogante que merece una respuesta de las autoridades.
Si durante meses empleados y exempleados de Metrosinú han venido denunciando públicamente presuntos malos tratos, vulneraciones de derechos laborales y un ambiente de trabajo que califican como hostil, ¿por qué esas denuncias no parecen haber generado una respuesta contundente por parte de las entidades encargadas de proteger a los trabajadores?
El Ministerio del Trabajo y los organismos competentes tienen la responsabilidad de investigar cada denuncia, verificar si existen irregularidades y garantizar que en cualquier empresa se respeten los derechos fundamentales de quienes prestan sus servicios. La protección del ambiente laboral no puede depender únicamente de que un caso llegue a los medios de comunicación o termine en un despacho judicial.
Las denuncias de los trabajadores no pueden quedarse únicamente en publicaciones de redes sociales, entrevistas o titulares de prensa. Deben dar lugar a investigaciones serias, imparciales y oportunas que permitan establecer la verdad y, de ser necesario, adoptar los correctivos correspondientes. Cuando los trabajadores sienten que sus voces no son escuchadas, también se debilita la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos.
El fallo que favoreció al periodista Mauricio Castilla Castro no solo reivindica el ejercicio responsable del periodismo cuando este se sustenta en denuncias identificadas y pruebas audiovisuales; también reabre un debate sobre la importancia de garantizar ambientes laborales sanos, respetuosos y libres de cualquier conducta que pueda afectar la dignidad de los trabajadores. Ese es un compromiso que corresponde no solo a los empleadores, sino también a las autoridades llamadas a velar por el cumplimiento de la legislación laboral.
La decisión aún puede ser impugnada por la parte accionante ante el superior jerárquico, conforme a los términos establecidos por la ley. Mientras ello ocurre, el fallo constituye un importante precedente sobre la protección de la libertad de prensa cuando la información divulgada se encuentra respaldada por pruebas y fuentes plenamente identificadas
Fuentes cercanas a este medio nos aseguran que Mauricio Castilla, en los próximos días, estará solicitando ante la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Trabajo, en la ciudad de Bogotá, que se adelanten las investigaciones correspondientes contra la empresa Metrosinú.