¿UN ERROR QUE LE ABRIÓ LA PUERTA A LA FUGA?
La decisión que hoy tiene prófugo al presunto feminicida de Nayelis Medina
Más allá del dolor que dejó el presunto feminicidio de Nayelis Medina Ladeuth, una pregunta genera indignación entre la comunidad de San Antero: ¿cómo es posible que una persona con medida de aseguramiento en centro carcelario hoy permanezca prófuga?
De acuerdo con la información conocida, un juez ordenó que Camilo Andrés Martínez Urango, miembro activo de la Armada Nacional e investigado por los delitos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio, fuera enviado a un establecimiento penitenciario mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, esa decisión nunca se hizo efectiva y el procesado no fue privado de la libertad.
Hoy, las autoridades adelantan un operativo para ubicarlo y ejecutar una orden que debió cumplirse desde el momento en que fue impuesta.
La situación ha despertado serios cuestionamientos sobre la cadena de responsabilidades. Si un juez ordenó la medida de aseguramiento, surge la inquietud de qué ocurrió entre esa decisión judicial y su ejecución, y si existieron fallas administrativas, operativas o de coordinación que terminaron facilitando la fuga del procesado.
Para la familia de Nayelis, el temor es que la demora en hacer efectiva la medida haya permitido que el investigado escapara y evadiera la acción de la justicia. Mientras tanto, el caso continúa aumentando la sensación de impunidad y la exigencia ciudadana de que se esclarezca no solo el crimen, sino también las circunstancias que hicieron posible que el principal señalado no estuviera bajo custodia.
Las autoridades tienen ahora un doble desafío: capturar al presunto responsable para que responda ante la justicia y explicar por qué una decisión judicial que ordenaba su reclusión no fue ejecutada a tiempo.
Porque cuando una orden de captura o una medida de aseguramiento no se cumple oportunamente, la discusión ya no es únicamente sobre el presunto delito, sino también sobre las posibles fallas del sistema que pudieron facilitar que un investigado eludiera la acción de la justicia.