La seguridad privada no puede convertirse en refugio del crimen: el caso Atenas vuelve a quedar bajo la lupa, Abelardo va por ellos.
Presidente Abelardo De La Espriella: si la Supervigilancia encontró razones para volver a ordenar la cancelación de la licencia de Atenas, que el proceso llegue hasta el final y que las decisiones se cumplan. Abelardo ha dejado claro que no permitirá que la corrupción siga avanzando. En este caso, estaremos atentos a los resultados de las acciones anunciadas por el propio presidente.
Hay decisiones administrativas que pueden parecer un simple trámite en el papel, pero que en una ciudad como Barranquilla tienen una enorme importancia para la seguridad de los ciudadanos.
El caso de Atenas Seguridad Privada Ltda. es uno de ellos.
La empresa volvió a quedar en el centro de la discusión después de que el presidente Abelardo De La Espriella informara el pasado 1 de octubre que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adoptó decisiones de cancelación contra varias compañías, entre ellas Atenas, aunque aclaró que esas decisiones todavía están pendientes de quedar en firme.
Y aquí aparece una pregunta que merece una respuesta clara: ¿qué va a pasar finalmente con Atenas?
Porque el antecedente más reciente genera, cuando menos, interrogantes.
El 10 de agosto de 2026 se conoció que la Supervigilancia había resuelto favorablemente el recurso de reposición presentado por la empresa frente a la cancelación inicial de su licencia. La entidad modificó la sanción y dejó una amonestación escrita por asuntos administrativos, mientras retiraba las medidas que habían llevado a la cancelación de la licencia.
Es decir: la licencia regresó a manos de la empresa.
Pero menos de dos meses después, el propio Gobierno volvió a poner a Atenas dentro del grupo de compañías sobre las cuales existen decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme.
Eso cambia nuevamente el escenario.
Barranquilla ha demostrado que el control sí importa
Hay un dato que no puede pasarse por alto.
Barranquilla viene registrando una reducción en diferentes indicadores de criminalidad. La Alcaldía reportó disminuciones en delitos como hurto a comercio, hurto a personas, hurto a residencias, hurto de automotores y motocicletas.
Y después del consejo de seguridad presidencial del 23 de agosto, la reducción en la tendencia de homicidios fue todavía más marcada: según las cifras oficiales, en las cinco semanas posteriores se registraron 28 homicidios, frente a 75 en las cinco semanas anteriores.
No se puede afirmar que esos resultados sean consecuencia exclusiva de las actuaciones contra las empresas de vigilancia. La propia Alcaldía señala que participaron diferentes factores: Policía, Fiscalía, inteligencia, allanamientos, intervenciones territoriales y otras acciones operativas.
Pero precisamente por eso hay una conclusión que sí resulta razonable: el control institucional sobre todos los actores que participan en la seguridad es fundamental.
Y las empresas de vigilancia privada hacen parte de ese sistema.
Armas, vigilancia y posibles conexiones criminales: aquí no puede haber zonas grises
La Supervigilancia ya había advertido en abril de 2026 sobre investigaciones relacionadas con empresas de seguridad privada y posibles infiltraciones de estructuras criminales. En ese momento informó la suspensión de 31 licencias y señaló que se investigaban posibles irregularidades en distintas regiones, incluida Barranquilla.
Ahora el presidente vuelve a poner sobre la mesa el problema.
Según informó la Presidencia, las actuaciones actuales involucran empresas investigadas por posibles conexiones con estructuras como Los Costeños y el Clan Vega Daza, además de presuntas irregularidades relacionadas con el control de armas. En el caso de Atenas, el Gobierno señala que existe una decisión de cancelación pendiente de quedar en firme.
Y hay otro asunto especialmente delicado: el destino de las armas faltantes.
El propio presidente exigió controles rigurosos y que se esclarezca dónde terminaron esas armas, advirtiendo que quienes tengan responsabilidades deberán responder ante la justicia.
Eso no puede quedarse en una declaración política.
Tiene que traducirse en investigaciones, decisiones administrativas, controles efectivos y, cuando corresponda, actuaciones de la justicia.
En Barranquilla crece una preocupación que debe ser investigada
Existe además una preocupación que viene tomando fuerza en distintos sectores de Barranquilla alrededor de estas empresas y de la capacidad real de las autoridades para ejercer controles efectivos.
Incluso circula una versión mucho más grave: que algunas de estas empresas tendrían suficiente poder e influencia como para tener “a todos comprados”.
Se trata de una afirmación extremadamente seria que no puede presentarse como un hecho probado sin evidencias. Pero precisamente por su gravedad, tampoco debería ser ignorada.
Si existe la sospecha de que funcionarios, autoridades, políticos o particulares pudieran estar favoreciendo los intereses de empresas sometidas a investigaciones, lo que corresponde es investigar y establecer si existen responsabilidades.
Porque si una empresa que maneja armas y presta servicios de vigilancia privada tiene investigaciones abiertas o decisiones administrativas en curso, no puede existir ninguna presión política, económica o institucional que termine debilitando los controles.
La ciudadanía necesita tener la certeza de que las decisiones de la Supervigilancia se toman con criterios técnicos y jurídicos y no como consecuencia de influencias externas.
Por eso, más que convertir un rumor en una acusación, esta preocupación debe transformarse en una pregunta pública:
¿Existen redes de influencia alrededor de las empresas de vigilancia investigadas en Barranquilla y, de existir, quiénes hacen parte de ellas?
La respuesta no puede quedar en los comentarios de la calle.
Debe estar en los expedientes, en las investigaciones y, si se encuentran responsabilidades, en las decisiones de las autoridades.
Presidente: que la promesa no se quede en un trino
Abelardo De La Espriella fue contundente al decir que la seguridad privada no puede convertirse en una fachada para el crimen y que su Gobierno irá contra las empresas que estén siendo utilizadas para facilitar actividades ilegales.
La frase es fuerte.
Ahora viene la parte verdaderamente importante: que los procesos lleguen hasta el final.
Si la Supervigilancia determina, después de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, que una empresa no puede continuar operando porque incumplió gravemente las normas que regulan la vigilancia privada, la decisión debe ejecutarse.
No puede existir un sistema en el que una licencia sea cancelada, después recuperada mediante un recurso y posteriormente vuelva a aparecer una decisión de cancelación sin que la ciudadanía tenga claridad sobre qué ocurrió entre una decisión y otra.
Y mucho menos cuando estamos hablando de empresas que manejan armas y prestan servicios directamente relacionados con la seguridad de ciudadanos, comercios, empresas y entidades.
Atenas debe responder ante las autoridades
Aquí también hay que ser precisos.
Hasta que las investigaciones y actuaciones administrativas correspondientes no concluyan, no corresponde presentar como un hecho probado que Atenas tenga vínculos con organizaciones criminales.
Lo que sí está documentado es que la empresa ha estado sometida a actuaciones de la Supervigilancia, que en agosto se modificó una sanción inicial y se restituyó su licencia, y que el 1 de octubre el Gobierno informó nuevamente sobre una decisión de cancelación pendiente de quedar en firme.
Por eso, lo que corresponde ahora es exigir claridad.
¿Qué cambió entre la decisión de agosto y la nueva decisión anunciada en octubre?
¿Qué nuevos elementos fueron encontrados?
¿Qué ocurrió con las armas que son objeto de investigación?
¿Quiénes son los responsables, si los hay?
¿Y cuál será la decisión definitiva de la Supervigilancia?
Son preguntas que no solo le interesan al Gobierno. Le interesan a Barranquilla.
Porque una empresa de vigilancia no administra solamente contratos privados: cuando maneja armas y presta servicios de seguridad, cualquier irregularidad puede terminar teniendo consecuencias que trascienden sus oficinas y afectan directamente a la ciudadanía.
Barranquilla ha demostrado que cuando se fortalece la inteligencia, se controla el territorio, se persigue el delito y se cierran espacios a las estructuras criminales, los resultados pueden aparecer.
Por eso el mensaje debe ser claro: el control no puede aflojar.
Y si después de surtirse todas las garantías legales la Supervigilancia determina que una empresa no está en condiciones de continuar en el mercado de la seguridad privada, esa decisión debe cumplirse.
Porque las armas no pueden terminar en manos equivocadas.
Y la seguridad privada, por definición, no puede convertirse en una puerta de entrada para el crimen.