DEFENSORA DEL PUEBLO SE PLANTA ANTE LA EXHIBICIÓN DE CUERPOS Y RODRIGO LARA RESPONDE: “NO SE PUEDE EQUIPARAR AL ESTADO CON LAS BANDAS”
El choque entre Iris Marín y el ministro del Interior abrió un fuerte debate sobre los límites del Estado en la guerra contra los grupos armados y sobre la manera en que se presentan públicamente los resultados de las operaciones militares.
Una fuerte controversia se desató entre la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, luego de las imágenes difundidas tras operaciones contra estructuras armadas ilegales.
Marín cuestionó públicamente la decisión de mostrar cuerpos de personas muertas durante operaciones militares y advirtió que el Estado no puede entrar en una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. Para la defensora, la lucha contra los grupos armados no elimina los límites que imponen la Constitución, la ley y el respeto por la dignidad humana.
Su llamado fue contundente: “Enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población es un deber constitucional. Pero incluso en la guerra hay límites, y la dignidad humana no desaparece con la muerte”, señaló Marín.
La defensora también rechazó que los cuerpos de las personas fallecidas se conviertan en parte de una especie de escenografía para transmitir mensajes de autoridad. Según su planteamiento, Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de utilizar los cuerpos, la humillación y el miedo como instrumentos para enviar mensajes de dominio.
Rodrigo Lara respondió
Las declaraciones de Marín no pasaron inadvertidas para el Gobierno. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, manifestó que la Defensoría del Pueblo es una “aliada institucional” y aseguró que el Ejecutivo respeta y valora su labor en defensa de las víctimas y los derechos humanos.
Sin embargo, Lara marcó distancia frente a la comparación planteada por la defensora.
El ministro calificó como una “triste equivocación” equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, al considerar que esa equivalencia no corresponde a la realidad. Según Lara, el Estado tiene un deber constitucional de combatir a quienes asesinan, reclutan menores y utilizan el terror contra la población.
Lara, además, sostuvo que el Gobierno quiere contar con la Defensoría como aliada para enfrentar a quienes ejercen violencia contra los colombianos y reiteró que las autoridades continuarán haciendo cumplir la ley.
Un debate que va más allá del enfrentamiento político
La discusión deja sobre la mesa una pregunta difícil: ¿puede el Estado mostrar los cuerpos de los integrantes de grupos armados abatidos como una demostración de fuerza?
Para la Defensoría, la respuesta tiene límites claros: combatir a las organizaciones ilegales es una obligación del Estado, pero la muerte no puede convertirse en un espectáculo ni en un instrumento de humillación.
Para el Gobierno, en cambio, cuestionar la forma en que se presentan los resultados militares no debería terminar poniendo al Estado y a las organizaciones criminales en el mismo nivel.
El choque entre ambas posiciones revela una tensión que seguramente continuará: cómo combatir con contundencia a los grupos armados sin que el Estado termine adoptando prácticas que puedan afectar la dignidad humana o enviar un mensaje equivocado a la sociedad.
Dos instituciones, una misma obligación de proteger a Colombia, pero una diferencia profunda sobre cuáles deben ser los límites en esa lucha.