Prudencia, justicia y debido proceso en el caso del balcón en Bogotá
El reciente caso ocurrido en el sector de Chicó Navarra, en Bogotá, ha generado una enorme conmoción nacional luego de que se hicieran virales imágenes grabadas desde un balcón de un edificio, donde vecinos denunciaron un presunto caso de abuso contra un menor de edad.
Tras la alerta ciudadana, las autoridades activaron los protocolos correspondientes. La Policía, la Fiscalía General de la Nación y entidades de protección de la niñez intervinieron el inmueble, mientras los menores fueron puestos bajo protección institucional y se inició una investigación formal para esclarecer lo ocurrido.
Sin embargo, con el avance de las pesquisas han surgido nuevos elementos que podrían cambiar el rumbo del caso. De acuerdo con información conocida por las autoridades y medios de comunicación, uno de los menores habría entregado una versión de los hechos distinta a la inicialmente interpretada por algunos testigos. Asimismo, continúan realizándose entrevistas especializadas, valoraciones psicológicas y exámenes técnicos que permitan establecer la verdad judicial.
Precisamente por ello, es fundamental recordar un principio básico del Estado de Derecho: ninguna persona puede ser declarada culpable sin una investigación completa y sin que exista una decisión judicial en firme.
La Constitución Política de Colombia consagra la presunción de inocencia como un derecho fundamental. Esto significa que toda persona debe ser considerada inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante el debido proceso y con base en pruebas legalmente obtenidas.
En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el caso y señaló la importancia de no sacar conclusiones apresuradas a partir de imágenes virales o interpretaciones preliminares. El mandatario manifestó que las investigaciones deben establecer con claridad qué ocurrió y advirtió sobre el riesgo de cometer injusticias cuando la opinión pública condena a una persona antes de que concluyan las actuaciones judiciales.
Esto no significa minimizar la gravedad de las denuncias relacionadas con menores de edad. Todo lo contrario: cada señal de posible vulneración de derechos debe ser investigada con la mayor rigurosidad, celeridad y protección para los niños y niñas. Pero investigar no es sinónimo de condenar anticipadamente.
La justicia debe actuar con pruebas, no con emociones; con evidencias, no con rumores. La historia judicial de Colombia y del mundo ha demostrado que los juicios mediáticos pueden causar daños irreparables tanto a posibles víctimas como a personas que eventualmente resultan inocentes.
Hoy la investigación continúa abierta. Serán la Fiscalía, los peritos, los jueces y las pruebas científicas quienes determinen qué ocurrió realmente en este caso que ha conmocionado al país. Hasta entonces, la prudencia, el respeto por los menores y la defensa del debido proceso deben prevalecer por encima de cualquier interés político o emocional.
Porque en una democracia, la justicia no se construye en redes sociales: se construye en los estrados judiciales.