Loma Grande se cierra, pero la historia de la basura en Montería apenas comienza
Por fin se impuso la justicia ambiental. El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Oswaldo Giraldo, confirmó el cierre definitivo del Relleno Sanitario Loma Grande en Montería. Una decisión que, más allá de la letra jurídica, es un triunfo histórico para el Cabildo Indígena Jaraguay y los habitantes que durante años denunciaron los abusos, la contaminación y el abandono institucional frente a un modelo de gestión de residuos que privilegiaba el negocio por encima de la vida.
La sentencia no deja lugar a dudas: hubo graves daños ambientales, vertimiento de lixiviados en fuentes hídricas, y un reiterado incumplimiento de la licencia ambiental por parte de Urbaser S.A. ESP, empresa operadora del relleno, bajo la mirada cómplice —o indiferente— de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Alcaldía de Montería. La justicia habló claro: los derechos colectivos al medio ambiente sano y a la salubridad pública fueron vulnerados, y ahora hay consecuencias.
Pero aquí no acaba la historia. Aquí empieza lo incómodo.
¿Y ahora qué historia va a contar Urbaser?
Durante años, la empresa repitió su discurso de responsabilidad ambiental y compromiso con la comunidad. ¿Dónde están esos guardianes ambientales de los que tanto alardeaba? ¿Dónde estaban mientras se contaminaban quebradas y se ignoraban las alertas? Hoy, con la decisión del Consejo de Estado, se cae la careta de sostenibilidad que tantas veces se vendió en comunicados y vallas institucionales.
Urbaser no solo apeló la sentencia original de julio de 2024. También intentó frenar la decisión con una audiencia de sustentación que les fue negada, y con un recurso de súplica que fue rechazado por improcedente. En resumen: la justicia no les creyó.
¿Y quién paga ahora?
Con el cierre del relleno, Montería deberá trasladar sus residuos hasta Caucasia. Y aquí viene el golpe más duro para la ciudadanía: ¿por qué tenemos que asumir los altos costos del traslado de la basura a otro municipio? ¿Por qué los errores de planeación, la negligencia institucional y la falta de control ambiental ahora tienen que salir del bolsillo del pueblo?
Esto no solo representa una carga económica injusta, sino también una señal clara de que en Montería se improvisa con lo esencial: la gestión de los residuos, la salud pública y el respeto al entorno.
Un modelo que debe cambiar
Es hora de que empecemos a exigir más que comunicados tranquilizadores. Es hora de que las decisiones ambientales se tomen con base en estudios serios, participación comunitaria y verdadera transparencia. No se puede seguir dependiendo de un modelo extractivista y centralizado, donde lo más fácil es enterrar la basura —y los problemas— lejos del centro urbano.
La lucha de Loma Grande demuestra que la organización ciudadana puede más que los intereses empresariales. Pero también deja una advertencia: la transición hacia un sistema de manejo de residuos más justo, más responsable y más democrático no puede seguir esperando.