Denuncian presunta vulneración al derecho a la educación Gimnasio Campestre de Montería por negativa a acuerdo de pago
Al portal de noticias Hablando Claro llegó una denuncia ciudadana que hacemos pública de manera anónima, con el fin de proteger la identidad de las personas presuntamente afectadas.
Según el relato entregado por un padre de familia del Gimnasio Campestre, la institución educativa se habría negado a aceptar un convenio de pago para saldar una deuda pendiente, a pesar de que el acudiente manifestó haber quedado recientemente sin empleo y mostró disposición para cumplir con sus obligaciones económicas de manera gradual.
De acuerdo con la denuncia, esta negativa estaría generando consecuencias directas para el estudiante, pues el colegio presuntamente no estaría facilitando la entrega de documentos académicos, lo que le impediría continuar su proceso educativo en otra institución.
Ante esta situación, el padre de familia interpuso una acción de tutela, argumentando que se estarían vulnerando derechos fundamentales del menor, en especial el derecho constitucional a la educación, consagrado en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia.
El denunciante recuerda que la Ley 1650 de 2013 prohíbe expresamente a las instituciones educativas retener documentos, certificados o títulos como mecanismo de presión por deudas económicas. Asimismo, cita la Sentencia T-154 de 2024, en la cual la Corte Constitucional reiteró que, aunque las obligaciones financieras no se extinguen, no pueden convertirse en un obstáculo para la continuidad educativa de niños, niñas y adolescentes.
“El derecho a la educación no puede condicionarse al pago inmediato de una deuda, especialmente cuando hay una situación económica sobreviniente debidamente informada”, señala el denunciante, quien asegura que su única intención es garantizar que el menor no vea interrumpido su proceso formativo.
Este caso abre nuevamente el debate sobre los límites entre las obligaciones contractuales y los derechos fundamentales, y plantea interrogantes sobre la actuación de algunas instituciones educativas frente a situaciones de vulnerabilidad económica de las familias.
Desde Hablando Claro hacemos un llamado a las autoridades educativas y a los entes de control para que se revise este tipo de situaciones y se garantice que ningún estudiante vea afectado su acceso a la educación por conflictos de carácter económico, tal como lo establece la ley y la jurisprudencia constitucional.