Corte Suprema confirma que dineros del caso UNGRD habrían financiado campañas políticas regionales
Bogotá, 4 de febrero de 2026.
La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, confirmó el auto AEP 134-2025 que mantiene la medida de aseguramiento contra el excongresista Andrés David Calle Aguas, investigado por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
La decisión, proferida por el magistrado ponente Jorge Hernán Díaz Soto, ratifica que, según la imputación, Calle Aguas habría convertido su función pública en un mecanismo para obtener beneficios ilegales mediante acuerdos con funcionarios del alto Gobierno y de la UNGRD, con el fin de ejecutar graves hechos de corrupción.
El punto más delicado de la sentencia: campañas políticas financiadas con dineros públicos
En los apartes subrayados del documento —numerales 87 y 88— la Corte recoge que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía y la Sala de Instrucción:
Los recursos obtenidos ilegalmente habrían sido destinados a financiar campañas políticas regionales del grupo político del excongresista.
Calle Aguas habría operado como parte de una red criminal de corrupción pública, donde la dádiva recibida buscaba fortalecer económicamente proyectos políticos locales.
Este señalamiento abre un interrogante de enorme relevancia para Córdoba y el San Jorge, pues la sentencia deja claro que los dineros supuestamente desviados habrían terminado en campañas regionales vinculadas al entorno político familiar de Andrés Calle.
Las conexiones familiares: ¿impacto en Montelíbano?
El excongresista Andrés David Calle Aguas es hijo del actual alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle de Moya, y hermano del excandidato a la Gobernación de Córdoba, Gabriel Calle Aguas.
Si, como recoge la sentencia, los recursos desviados tuvieron como destino financiar campañas políticas regionales, surge inevitablemente la pregunta:
¿Podría quedar en entredicho la legitimidad de la Alcaldía de Montelíbano?
Aunque la Corte no señala directamente a campañas específicas ni declara responsables a los familiares del procesado, la providencia sí confirma la existencia de inyección irregular de dineros públicos en procesos políticos del “grupo político del acusado”.
Esto deja abierto un debate jurídico y político:
¿Es necesario investigar si alguna campaña del entorno Calle recibió recursos provenientes del entramado UNGRD?
¿Podrían derivarse procesos de pérdida de investidura, nulidad electoral o investigaciones disciplinarias?
¿Se podría comprometer la estabilidad institucional del municipio de Montelíbano?
Un fallo que enciende alarmas en Córdoba
La decisión de la Corte Suprema confirma la gravedad de los hechos y fortalece la teoría de la existencia de una red organizada que utilizó recursos públicos para influir en procesos electorales regionales.
Mientras avanza el proceso penal contra Andrés Calle Aguas, la opinión pública y las autoridades electorales tendrán ahora la responsabilidad de esclarecer si estas presuntas maniobras tuvieron impacto directo en campañas en curso, especialmente en Montelíbano y en la política cordobesa reciente.